La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentó en la Legislatura el proyecto de ley que crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana. La iniciativa busca dotar de un marco legal específico a las intervenciones sobre propiedades abandonadas, usurpadas o utilizadas para la planificación, ocultamiento o comisión de delitos, conocidas comúnmente como «aguantaderos».

Durante la presentación estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana”, Carlos Magnani.

Rus explicó que el proyecto busca consolidar como política de Estado las intervenciones sobre inmuebles abandonados utilizados para actividades delictivas, una herramienta que ya se viene aplicando junto con los municipios y que ahora pretende institucionalizar mediante un marco legal. «Lo bueno es que esta herramienta ya la venimos poniendo en práctica «, afirmó.

La ministra señaló que la iniciativa establece el procedimiento para la demolición o el cerramiento de inmuebles que funcionan como aguantaderos o son utilizados para ocultar actividades delictivas, la venta o el consumo de drogas.

Según explicó, el proyecto toma como antecedente una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia y busca garantizar la continuidad de estas intervenciones más allá de una gestión de gobierno. «Tiene como fin principal proteger al vecino y recuperar los barrios para que dejen de ser espacios para el delincuente», sostuvo.

En ese marco, Rus informó que durante el último año ya se realizaron 20 intervenciones administrativas y preventivas, de las cuales 13 fueron demoliciones y el resto consistieron en cerramientos de inmuebles abandonados.

Las intervenciones permitieron recuperar espacios que eran utilizados por delincuentes y donde se detectaron evidencias de consumo de drogas, al tiempo que respondieron a reclamos históricos de los vecinos.

«He recorrido esos lugares y los vecinos nos contaban que hacía muchos años esperaban una solución. Pudimos actuar rápidamente, coordinar con los municipios y recuperar esos espacios para la comunidad, mientras los municipios avanzan con su remediación», expresó la ministra. 

Las acciones se concretaron en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú. Para la ministra, la aprobación del proyecto permitirá que estas intervenciones dejen de ser una herramienta de gestión para transformarse en una política pública permanente, con continuidad institucional y alcance provincial.

Una iniciativa para fortalecer las herramientas de prevención del delito

La propuesta se inscribe en la agenda de reformas impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia para fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado para prevenir el delito. Tras la presentación del proyecto de Ley de Ciberseguridad a comienzos de julio, esta nueva iniciativa incorpora una herramienta destinada a intervenir sobre los espacios físicos que favorecen la actividad criminal y deterioran la convivencia en los barrios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando la Legislatura y el Poder Ejecutivo en materia de seguridad y señaló que el Ministerio impulsa iniciativas de relevancia para fortalecer el sistema de prevención del delito.

«Hoy también se debate en el Senado la ley de ciberdelitos y vamos a seguir acompañando aquellas medidas que contribuyan a mejorar la seguridad de los mendocinos», sostuvo.

El proyecto toma como antecedente el protocolo de intervención preventiva administrativa que el Ministerio de Seguridad y Justicia viene aplicando desde octubre de 2025 y transforma esa experiencia en una política pública con rango de ley.

Una herramienta para cortar la infraestructura del delito

La iniciativa establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia podrá disponer, mediante resolución fundada, medidas preventivas sobre inmuebles que hayan sido utilizados para el acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes, la planificación o ejecución de delitos, o que por su estado de abandono, deterioro o destrucción representen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia ciudadana.

Entre las medidas previstas se encuentran el tapiado o cerramiento de accesos, la clausura parcial o total y, cuando resulte indispensable por razones de seguridad, la demolición controlada de sectores o del inmueble completo. Todas las intervenciones tienen carácter preventivo, temporal y proporcional, y no afectan el derecho de propiedad del titular registral, sino que buscan preservar el bien e impedir su utilización para actividades ilícitas.

La propuesta también contempla un procedimiento administrativo con informes técnicos y policiales, notificación a los propietarios, posibilidad de oposición y mecanismos de revisión, además de un régimen especial para intervenir de manera inmediata cuando exista un riesgo grave e inminente para las personas o para la seguridad pública.

Una política que ya muestra resultados

La iniciativa llega después de casi un año de implementación del protocolo administrativo desarrollado por el Ministerio de Seguridad y Justicia junto con distintos municipios.

Hasta el momento se tramitaron 54 expedientes, que derivaron en 20 intervenciones en cinco municipios de la provincia. De ese total, 13 correspondieron a demoliciones, 4 a tapiados y 3 a intervenciones sin uso de la fuerza, recuperando inmuebles que eran utilizados para actividades delictivas o que representaban un riesgo para los vecinos.

Las intervenciones se realizaron en Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Ciudad y Maipú. La Provincia mantiene convenios específicos para este tipo de acciones con Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Luján de Cuyo. En tanto, el proyecto establece que la ausencia de un convenio no impedirá actuar cuando exista un riesgo grave para la seguridad pública, habilitando al Ministerio de Seguridad y Justicia a coordinar las acciones con otros organismos provinciales.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca consolidar una política orientada no solo a detener a quienes cometen delitos, sino también a eliminar los espacios que facilitan su funcionamiento, proteger la propiedad de sus titulares registrales y recuperar entornos que durante años fueron utilizados como soporte para la actividad delictiva, devolviendo tranquilidad a los vecinos.