La propuesta tomó impulso a partir de un planteo realizado por la senadora Patricia Bullrich, quien reclamó que bancos y fintechs sean mucho más claros respecto del costo final de los préstamos. La legisladora planteó que debería existir una advertencia visible, similar a los etiquetados frontales de los alimentos, que informe cuánto terminará pagando una persona por el dinero que toma prestado.

Actualmente, la normativa del BCRA establece que el CFT debe aparecer de manera clara y destacada en contratos, recibos, notas de débito y otros documentos. También exige informar la tasa de interés o descuento anual, la tasa efectiva anual, si la tasa es fija o variable y, en este último caso, los parámetros de ajuste. Para la publicidad, las exigencias son aún mayores: el CFT debe mostrarse con una tipografía destacada y un tamaño al menos cinco veces superior al utilizado para comunicar la tasa nominal anual.

La morosidad de las familias

Sin embargo, el indicador es considerablemente más elevado entre las familias: la morosidad alcanzó el 12,8%. La evolución fue dispar según el tipo de financiamiento: mientras se registraron bajas en los niveles de incumplimiento de las tarjetas de crédito, aumentó la mora en los préstamos personales y prendarios.

El Gobierno utiliza estos datos para sostener que, pese al incremento de los incumplimientos en los hogares, el sistema financiero no atraviesa una situación límite que justifique una intervención estatal con fondos públicos. La estrategia que analiza Milei apunta, por ahora, a modificar los incentivos y mejorar la información que reciben los consumidores antes de asumir una deuda.

La discusión también tendrá una dimensión política. El peronismo consiguió reunir un principio de quórum en Diputados y pretende forzar el 9 de septiembre una sesión para tratar o emplazar proyectos vinculados con la refinanciación de las deudas de los hogares.

La diferencia central está en el mecanismo. Mientras la oposición impulsa herramientas que impliquen una intervención estatal para facilitar la salida de los deudores, Milei busca evitar que el Tesoro destine recursos a ese objetivo. En ese marco, una eventual decisión del BCRA para obligar a mostrar de manera todavía más explícita el costo de los créditos funcionaría como una respuesta intermedia: mayor transparencia y prevención, pero sin un rescate financiero para quienes ya incumplieron.