Entre los acusados destacan apellidos emblemáticos de la economía provincial. Enrique Menotti Pescarmona, de 83 años, figura como imputado número 8 y fue incorporado como “colaborador” en 2018. La Justicia lo señala por haber realizado 13 pagos ilegales cuando presidía Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA). En septiembre pasado, la Fiscalía rechazó su propuesta de pagar 510 millones de pesos para extinguir la acción penal, tras lo cual su defensa presentó un pedido de insanía alegando una enfermedad neurodegenerativa.
También llega a juicio Francisco Rubén Valenti, exdirectivo histórico de IMPSA y hombre de confianza de Pescarmona, acusado como partícipe necesario en 13 hechos de coimas. Una de las anotaciones del chofer Oscar Centeno del 5 de junio de 2009 lo vincula directamente con una entrega de dinero en el Hotel First’s Park, en el microcentro porteño. Su intento de conciliación y reparación integral también fue rechazado en septiembre de este año.
Respecto a la constructora Cartellone, tres integrantes de la familia fueron elevados a juicio. Gerardo, José Gerardo y María Rosa Cartellone están acusados de haber realizado diez pagos cada uno entre 2007 y 2009, cuando ocupaban cargos directivos y de presidencia en José Cartellone Construcciones Civiles S.A. Ninguno de ellos logró que la Justicia aceptara sus propuestas de conciliación.
Si bien no son ouriundos de Mendoza, también fueron procesados el exgerente Tito Biagini y el directivo Hugo Alfredo Kot, ambos de la firma cuya sede se encuentra en el carril Rodríguez Peña.
Completan el grupo mendocino Carlos Eduardo Arroyo y Carlos Daniel Román, presidente y directivo de Green S.A., imputados por dos hechos de coimas vinculados a contratos públicos. Ambos fueron señalados como autores o partícipes necesarios dentro del mismo esquema.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, comenzó este jueves y tendrá audiencias semanales virtuales a través de la plataforma Zoom, con transmisión pública por el canal de YouTube del Poder Judicial. La investigación se originó tras la aparición de los cuadernos de Centeno, quien documentó los supuestos traslados de dinero entre empresarios y funcionarios mientras trabajaba para Roberto Baratta, en ese entonces subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal.
El fiscal Carlos Stornelli estructuró su acusación sobre la existencia de un sistema paralelo de recaudación ilegal que operó a través de la adjudicación de obras públicas, contratos de transporte y energía.
Para el Ministerio Público Fiscal, ese circuito de pagos ilegales estaba encabezado por Néstor y Cristina Kirchner, y articulado por funcionarios como Julio De Vido y Baratta, quienes actuaban como intermediarios con las principales compañías proveedoras del Estado.
En ese entramado, los empresarios mendocinos figuran como piezas relevantes dentro del esquema de contratistas nacionales que, según la acusación, aceptaron el pago sistemático de sobornos a cambio de mantener privilegios en la asignación de obras públicas.