El próximo jueves 13 de octubre, el intendente Juan Manuel Ojeda presentará el proyecto de zonificación minera para Mendoza. La normativa implica que se podrán utilizar las sustancias actualmente prohibidas por la ley 7.722, aunque -en caso de ser aprobada- sólo regirá para el departamento de Malargüe. Sectores ambientalistas ya empezaron a mostrar su descontento.
El gobernador Rodolfo Suarez ha repetido varias veces que el debate no volvería a darse durante los cuatro años de su gestión. Sin embargo, esta vez la iniciativa es distinta, ya que no abarca todo el territorio provincial, sino solamente a la porción delimitada de una comuna.Eso, por supuesto, no implica que la idea esté exenta del enojo de colectivos antimineros de otros departamentos, ni tampoco de acciones de inconstitucionalidad si se transformase en ley.
Lo concreto es que el texto ya pasó por su última corrección a fines de septiembre, y que -a más tardar– el jueves de la próxima semana estará aterrizando en la Casa de las Leyes.Para ese mismo día, la filial mendocina UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) planifica manifestarse en las calles del centro a favor de que la propuesta avance, y Mendoza vuelva a tener un reglamento para su minería metalífera. Por esa marcha, también se estudia que pueda ser presentada el martes 11,que es cuando sesiona la Cámara Alta.
Aún no está decidido si al proyecto lo presentará la senadora radical Jéssica Laferte (esposa del intendente Ojeda) o si será él mismo en persona quien lo presente, con la firma de la legisladora suscribiendo sobre el final del papel. Lo que está claro, y confirmado por sus equipos, es que el jefe comunal comparecerá en el edificio de peatonal Sarmiento. Dará inicio, así, a un ida y vuelta que promete tener alta intensidad, como cada vez que se habla de minería.
Qué dice Suarez
No han sido muchas las veces en las que el mandatario se haya pronunciado sobre esta alternativa en particular; y si bien ha parecido clausurar la discusión en otros momentos, el hecho de que provenga directamente desde el poder legislativo -a diferencia de lo que pasó en 2019 con la ley 9.209- hace que el Ejecutivo no tenga causas válidas para obturar este debate que se dará entre las bancas mendocinas.
En Malargüe tienen un poroteo, y creen que “van bien”. Inclusoel peronismo acompañaría,según los sondeos que vienen realizando; aunque -según pudo averiguar este diario- aún ninguno de sus referentes ha confirmado posturas hacia un lado o hacia el otro. Sí es claro que el Gobierno Nacional, a cargo del Frente de Todos, tiene un fuerte interés en ampliar la matriz minera de la Argentina, y que en esos planes, Mendoza no tiene un lugar minoritario. Los constantes intercambios con la Secretaría de Energía son una prueba fehaciente de ello.
La pregunta que se hacen es qué dirán los legisladores más cercanos al planteo antiminero. El oficialista a veces díscolo Jorge Difonso es uno de los que más alto han llevado la bandera en contra de la actividad. Es a quien apuntan, con algo de intranquilidad, desde la comuna sureña. Sobre el resto, no hay nombres propios que enciendan alarmas; y de todos modos, lo que dicen es que el conflicto no estaría entre los legisladores, sino entre la postura que pueda tomar la ciudadanía. Los recuerdos de la pueblada en aquel diciembre del ’19 aún están frescos.
Ingresando por el Senado, el proyecto irá a parar a la comisión de Ambiente casi sin escalas. La preside el referente de Libres del Sur Ernesto Mancinelli, y allí, la oposición está representada por cuatro nombres fuertes: Florencia Canali -una de las nuevas espadas peronistas de la zona Este-; Gerardo Vaquer -hombre de Righi de perfil técnico-; Mercedes Derrache -cercana a a la intendenta Destéfanis-; y Bartolomé Robles -más bien alejado de la cúpula del PJ y parte del massismo-. Con cinco votos, el órgano le dará despacho.
Los últimos cambios al proyecto
Entre lo que averiguó Diario UNO, resaltauna modificación importante. El texto original -o al menos, uno de los que hubo durante el proceso en que se escribió- hablaba de que la Secretaría de Minería debía transformarse en ministerio y comenzar a trabajar en Malargüe, como se adelantó a principios de julio. Sin embargo, los últimos retoques dejaron fuera a ese artículo, y permiten que el Ejecutivo siga manejando a todas las dependencias a su gusto.
Lo demás continúa exactamente como estaba: a diez kilómetros de cualquier curso de agua, no podrán utilizarse las sustancias que prohíbe la ley actual; como tampoco deberán emplearse en áreas naturales protegidas ni humedales. El resultado de esa zonificación – según los estudios malargüinos- implica que sólo habrá actividad con estos químicos en un 30% del territorio departamental.
Esta semana hubo un foro minero que se llevó adelante de manera virtual y presencial. Según los números que difundió el municipio, hubo cerca de 8 mil estudiantes inscriptos. Además de develar el interés que hay por este avance, algunos de los presentes allí compartieron otros de los pormenores que contiene el proyecto. También se han contado antes: es la división del 1,5% de las ganancias en dos mitades, que quedarían para la provincia y para la comuna en partes iguales.
Toda la expectativa del sector está puesta sobre lo que ocurra la próxima semana. Es un tema sensible y llega en un momento de intensa polarización política en la provincia. Lo que esperan en el Sur es que, justamente, sirva para dar un debate transversal y por fuera de los colores partidarios.
“No sólo estaremos atentos nosotros. Esto le interesa a cualquier persona que sueñe con conducir Mendoza en el futuro“, sintetizaron.
Fuente: Diario UNO
