El expediente, envuelto en una atmósfera de alto impacto político, social y ambiental, ingresó el jueves pasado por Diputados y cuenta con la particularidad, inédita, de solicitar la aprobación en un solo artículo de las 34 resoluciones de impacto ambiental. Claro, que cada proyecto, a la vez, ha sido enviado con un informe específico, más su anexo correspondiente, todo en un bodoque de papeles que suman unas 1.900 fojas. En la página de la Legislatura y en la del Ejecutivo provincial ya puede consultarse de forma electrónica, digitalizada (https://www.mendoza.gov.ar/energia/mineria/autoridad-ambiental-minera/malargue-distrito-minero-occidental/).
El otro dato llamativo, que ha tenido y tendrá su momento de esplendor durante el debate que está a punto de encenderse en las comisiones y el recinto, tiene que ver con que 19 de los 34 proyectos están en manos de una sola firma, Apeleg SA, que tiene a Julio César Pulisich como su presidente, un contador que viene de tener un cerrado vínculo con Impulsa, la empresa minera estatal que ha sido el mascarón de proa del MDMO, de todos los proyectos, y que posee la titularidad de El Seguro, el pórfido de cobre que encabeza el pedido legislativo. Pulisich fue síndico de Potasio Río Colorado (PRC) representando al Estado, la mina de potasio también de Malargüe que fue negociada por el Estado con Minera Aguilar, de José Luis Manzano y que espera por las inversiones prometidas por el empresario, político y ex ministro del Interior del menemismo, para comenzar sus esperadas y ansiadas operaciones.
Dicen que Pulisich nunca tuvo conocimiento alguno que había sido designado también director suplente en Impulsa cuando se negoció con Minera Aguilar y se firmaron los papeles en la negociación por PRC; y que cuando se enteró, por los diarios según afirman, de que su nombre estaba dando vueltas, renunció. Esto que se cuenta fue aseverado por Emilio Guiñazú, el presidente de Impulsa, en declaraciones que le ofreció a Los Andes el 26 de agosto pasado en una entrevista muy rica en información y plagada de indicios curiosos: “¿No sabía él que era director suplente?”, le preguntaron a Guiñazú en la nota: “Calculo que habrá firmado algo, el venía siendo síndico de PRC, quedó dando vueltas cuando se pasaron los papeles de PRC a Impulsa, pero efectivamente nunca tuvo un rol activo” respondió, agregando –para tranquilidad de las “teorías conspirativas que hay siempre”, interpretó–, que personalmente pidió analizar y estudiar si existía alguna incompatibilidad en el proyecto, a lo que le respondieron que no había ninguna, según afirmó.
Para el debate y la aprobación de las DIAs, el gobierno de Alfredo Cornejo cuenta con el número suficiente en cada una de las cámaras. Sin embargo, buscará profundizar, garantizar y blindar la legitimidad del acto sumando a la mayor cantidad de opositores que pueda. Seguramente buena parte del peronismo se plegará a la aprobación, porque así se lo ha pedido el intendente Celso Jaque. En Malargüe no sólo hay licencia social para desarrollar la minería; es el departamento primer productor de petróleo de la provincia y el 80 por ciento de su riqueza la componen los hidrocarburos, la minería y las canteras de yeso. Es la comuna que tiene el PBG per cápita más alto de la provincia. Son datos que están insertos en el informe de impacto ambiental del distrito que realizó la firma GT Ingeniería SA, cuya contratación habría demandado unos 200 mil dólares, de acuerdo con lo revelado por Guiñazú en aquella entrevista de agosto.
Curiosamente, o no tanto, el peronismo está más atento a las cuestiones procedimentales, administrativas y políticas que rodean al bloque de DIAs, que a la cuestión ambiental puramente. Los aspectos que rodean a la constitución de Impulsa, a la propiedad de los proyectos y a la contratación de GT Ingeniería le van a dar sazón al debate de las DIAs del distrito austral. El peronismo, que actuaría en la dirección pedida por el intendente Jaque, quiere aprovechar el debate para que le esclarezcan algunas opacidades que envuelven a esos tres puntos. “No han respondido los pedidos de informes que hemos elevado. Nos dijeron que estos temas serían aclarados por la ministra (en alusión a Jimena Latorre, de Ambiente y Energía), pero no se logró”, dijeron desde el PJ.
Los informes ambientales fueron realizados por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, entre otros y por GT Ingeniería y habrían sido financiados por Impulsa, la sociedad anónima estatal que se capitalizó con 30 millones de dólares que la brasileña Vale, la antigua propietaria de PRC, depositó en una de las cuentas de la provincia como resarcimiento por los incumplimientos que cometió en ese momento con ese proyecto. “No se le ha pedido nada al Estado”, suelen asegurar desde Impulsa cuando se les consulta por su sustento, su propio financiamiento y el origen de los recursos que la sostienen. Una “burla fina y disimulada” le agregan algunos para no mencionar la palabra ironía.
Para cuando comience el debate en sí en torno al informe ambiental propiamente dicho, los diputados se encontrarán con aseveraciones tales como que en el Distrito Minero existe “un gran potencial geológico y sin conflictos de competencia por el uso del suelo, agua o energía, siendo una zona idónea para el desarrollo de la actividad” y en la que hay “vocación territorial” para todo eso, según se lee en el trabajo de GT Ingeniería.
Se trata, de acuerdo con el trabajo de la consultoría, de un territorio que cuenta con un riesgo moderado desde el punto de vista sísmico donde se considera “medianamente probable que las actividades o la infraestructura sean alteradas con daños significativos”. En el distrito se han hallado 231 cavidades o cavernas de un total de 2260 que se han descubierto en toda la Argentina. Malargüe es el tercer lugar con mayor cantidad de cavidades después de Santa Cruz y Neuquén.
El estudio ha corroborado que los glaciares ocupan el 0,34 por ciento del distrito, con 635 cuerpos mapeados por el Ianigla en el 2019, un total de 70,73 km2 y que además no se encuentra información disponible sobre aguas subterráneas e hidrología de la cuenca Río Malargüe.
Respecto de la flora, afirma el estudio, ninguna especie posee el estado de conservación internacional, pero que todas las especies cactáceas sí están protegidas de acuerdo a la Conservación CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Y sobre la fauna se dice que no hay mucho que pueda ser afectado, salvo el gato andino y el phymaturus payuniae, o conocida también como la lagartija de la Payunia.
La actividad explorativa que se viene en la zona tendrá que tener en cuenta, de acuerdo con el informe de impacto ambiental la gran cantidad de grupos paleontológicos con potencial como el Grupo Cuyo, el Ciclo Precuyo, el Grupo Lotena, el Grupo Mendoza, el Grupo Malargüe, la Formación Diamante y el Grupo Neuquén.
El trabajo ha identificado 45 impactos por alteración, que pueden afectar a la fauna singular que tiene una alta sensibilidad ambiental, junto con la presencia de las personas trabajando. El funcionamiento de todo en su conjunto puede modificar el relieve y afectar levemente, asegura, el caudal superficial de agua con un impacto sólo local. También se podrá advertir la alteración de la calidad del aire por los movimientos de tierra, la preparación del terreno, las plataformas de perforación y la instalación de los campamentos. Y tendrá, además, se afirma, un grupo de 79 impactos por riesgo que afectarían el potencial arqueológico, el atropellamiento de ejemplares de fauna y la pérdida de la cobertura vegetal. Nada de lo que no se tenga conciencia de toda actividad económica llevada adelante por las personas, se podría agregar, aunque el informe no lo diga de esa manera.
Hacia las conclusiones, GT Ingeniería sostiene que la zona tiene un 61% de vulnerabilidad ambiental baja; un 4 por ciento, media y un 35 por ciento alta, lo que alcanza a unos 6.494 Km2 de toda la extensión. Hacia las consideraciones finales, se dice que la zona contempla y permite que se desplieguen buenas prácticas ambientales para la minería, todo bajo los estándares internacionales. Y por supuesto que recomienda, como todo, implementar un plan de relaciones con la comunidad para contar con una comunicación e información de calidad junto con actividades de capacitación y concientización.
Fuente: https://www.elsol.com.ar/
