El diputado Gustavo Perret presentó un proyecto de Ley para declarar la Emergencia Provincial en Discapacidad en Mendoza, por el término de 24 meses.
La iniciativa, en respuesta a la crisis financiera que atraviesa el sistema de prestaciones, busca garantizar la continuidad de tratamientos, terapias y servicios esenciales para personas con discapacidad.
En los fundamentos del proyecto, el legislador sanrafaelino describe una situación crítica derivada de la interrupción y demora en los pagos por parte de organismos nacionales, lo que genera una ruptura en la cadena de financiamiento. "Centros terapéuticos, hogares y espacios de rehabilitación, acumulan deudas millonarias desde noviembre del año pasado, y muchos han debido sostenerse con recursos propios que ya se encuentran prácticamente agotados".
Añadió que "el impacto de esta crisis no se limita sólo a lo económico, ya que cientos de personas con discapacidad dependen diariamente de estos servicios para acceder a atención profesional, inclusión social y acompañamiento".
En muchos casos, las instituciones cumplen una función de contención permanente para quienes no cuentan con redes familiares, lo que agrava el riesgo ante eventuales cierres o interrupción de actividades.
El proyecto de Ley pone también el foco en la situación de los trabajadores del sector, que llevan meses sin cobrar sus salarios completos, y en el desfasaje de los aranceles de las prestaciones que se encuentran por debajo del 50 por ciento de los valores actualizados.
"La provincia de Mendoza no adhirió a la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a tener la obligación de ejecutar y garantizar las políticas de discapacidad sin excusa presupuestaria, según los convenios internacionales y leyes nacionales", indicó el diputado Perret.
Para hacer frente a esta emergencia, la iniciativa propone la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad, y contempla la conformación de una Mesa Provincial de Emergencia, que reúna a autoridades, prestadores y organizaciones del sector, para monitorear la situación y coordinar respuestas.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias y a gestionar, ante el Estado Nacional, el recupero de los fondos destinados a sostener el sistema.
