El Gobierno de Mendoza elevó a la Legislatura provincial el proyecto de ley para aprobar el nuevo Código Unificado de Edificación de la Provincia. La iniciativa apunta a establecer un marco jurídico y técnico común para el desarrollo de obras públicas y privadas en todo el territorio mendocino. Este proyecto fue trabajado en forma conjunta con los 18 departamentos de la provincia.

La propuesta, que ingresó en la Cámara de Diputados, busca unificar criterios vinculados con la elaboración de proyectos, ejecución de obras, fiscalización, conservación y mantenimiento edilicio, con el objetivo de garantizar estándares mínimos de seguridad estructural, habitabilidad, accesibilidad, sustentabilidad y eficiencia energética.

El Código presentado establece requisitos y procedimientos aplicables a las distintas etapas de las obras. Además, fija criterios comunes para la tramitación de permisos, responsabilidades profesionales, reformas, ampliaciones, instalaciones, condiciones de seguridad, construcción sustentable y demás materias propias del proceso edilicio.

En ese sentido, la iniciativa procura asegurar estándares mínimos de seguridad estructural y de uso, habitabilidad y salubridad, accesibilidad universal, funcionalidad, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental y prevención de riesgos vinculados a incendios, sismos e instalaciones.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que actualmente existen diferencias regulatorias entre los municipios, con normativas de distintos niveles de actualización y desarrollo. En ese contexto, el nuevo Código busca brindar reglas homogéneas, previsibles y transparentes para propietarios, profesionales, desarrolladores, organismos públicos y empresas prestatarias de servicios.

El proyecto se enmarca en los principios de ordenamiento territorial establecidos por la Ley Provincial 8051 y fue elaborado mediante instancias de trabajo técnico y coordinación con representantes municipales de las distintas regiones de Mendoza: Sur, Este, Valle de Uco y Área Metropolitana.

Además, la iniciativa contempla la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial, que tendrá entre sus funciones promover la actualización permanente del Código, evaluar nuevas tecnologías y sistemas constructivos, y armonizar criterios de interpretación y aplicación junto a los municipios adherentes.

La norma prevé que el Código sea de aplicación obligatoria para la Administración Pública Provincial e insta a los municipios a su efectiva adopción a través de las ordenanzas correspondientes, respetando sus competencias en materia tributaria y de control local.

El proyecto también designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial o el área técnica que se determine reglamentariamente.