El Gobernador Rodolfo Suarez, junto al ministro de Seguridad, Raúl Levrino; el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana; y los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, y de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, recorrió las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad que integra el Complejo Almafuerte II.

Estuvieron presentes el procurador de la Corte, Alejandro Gullé; el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay; el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, y el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance. Además, se sumó a la visita el senador nacional, Alfredo Cornejo.

El complejo tiene una superficie cubierta total de 38.400 metros cuadrados. Cuenta con moderna infraestructura y arquitectura en materia de seguridad penitenciaria, totalmente innovadora. En total tiene 986 camas, distribuidas en cuatro cárceles independientes. Todas con acceso a educación, salud, deporte y actividades culturales, además de un Centro Universitario, para que las personas allí alojadas cursen sus estudios superiores.

Almafuerte II cuenta con un sistema de seguridad inteligente que incluye 192 cámaras, dos de ellas con lectores de patente; sensores perimetrales externos; scanner tipo aeropuerto; sistema de identificación biométrica, para apertura de puertas de ingreso; data center; centro de monitoreo; videowall y centro de grabación y almacenamiento de filmación. 

Además fue diseñado con controles electromecánicos a distancia, cámaras y sensores de control de 24 horas, cámaras de sensores de reconocimiento  biométrico e inhibidores de señal de telefonía por zona.

“No existe en Latinoamérica una cárcel de esta naturaleza”, destacó Rodolfo Suarez al finalizar la recorrida. En ese sentido, el mandatario provincial aseguró que el complejo no solo “reúne las condiciones de máxima seguridad”, sino que además “es impresionante la calidad de las instalaciones”. Agregó, que a la infraestructura y tecnología de última generación de Almafuerte II se suma la incorporación del data center “que nos va a permitir tener la información de todo este complejo penitenciario”.

El Gobernador detalló que el sistema “funcionará como un 911 interno del lugar. También vamos a incorporar drones con el fin de asegurar todo el perímetro”. Asimismo, hizo hincapié en el hecho de que “para combatir la inseguridad los que cometen delitos tienen que estar detenidos. En Mendoza siempre decimos que el que las hace las paga, pero para que paguen, tenemos que tener las infraestructuras adecuadas”.

El mandatario explicó que “no basta con que estén detenidos” y que para ello el complejo también tiene previsto talleres y áreas para completar sus estudios con el fin de apuntar a la reinserción. “Acá van a poder estudiar. Hay primaria, secundaria y hasta la posibilidad de cursar carreras universitarias”, señaló al indicar que también podrán perfeccionarse en oficios y citó a modo de ejemplo el espacio destinado a la carpintería con el que cuenta el lugar.

En tanto que Raúl Levrino recordó que “Mendoza tiene una política de seguridad y tiene un plan de seguridad criminal donde no sólo trabaja y abarca el tema de la prevención, la represión, sino también lo que es la ejecución de la pena, es decir, la construcción de cárceles”. El funcionario agregó que “cuando comenzamos la gestión, estábamos en 3.800 personas privadas de libertad y hoy estamos en 6.008. Realmente es significativo en función del esclarecimiento de los hechos y el abordaje que hace precisamente el sistema de seguridad”.

El ministro de Seguridad, sumó que entre las incorporaciones tecnológicas que se realizarán en Almafuerte II “se implementarán inhibidores de señal en cada pabellón. Se ha conversado con una empresa encargada de realizar estudios de campo y se realizará una licitación para su instalación”.

“La verdad es una cárcel modelo, muy pocas en latinoaméricana cuentan con la tecnología y nivel de seguridad que tiene. Son 35 edificios en total para distintos usos sobre 3 naves principales, 37.500 metros cuadrados, 1.900 metros de ductos y termina dando espacio para casi 1.000 personas privadas de la libertad”, detalló Mario Isgro.                

 Crecimiento del sistema

Mendoza cuenta con el quinto sistema penitenciario del país. Actualmente y en relación a la situación judicial, el 74% de la población penal se encuentra penada y cumpliendo la sentencia, conforme a la pena recibida por el delito cometido.

El Servicio cuenta con 22 establecimientos con distintas categorías de seguridad, teniendo en la actualidad alrededor de 5000 camas, cantidad que se verá incrementada hasta llegar a casi 6000, con la inauguración del Complejo Almafuerte II. Esto generara un incremento, desde 2015, del 77%, siendo esta relación camas/detenidos, una de las mejores, al momento de medir la sobrepoblación.

Por otro lado, actualmente, el Sistema Penitenciario cuenta con una planta de personal de 2812 efectivos, para desarrollar la misión institucional.

Cabe destacar que, en nuestra provincia, el 41% de las personas detenidas estudia, contemplando los tres niveles de estudio (primario, secundario y universitario), además de los CCT, centros de capacitación para el trabajo.

Además, cerca del 60% de las personas alojadas en los establecimientos penitenciarios realiza actividades laborales, en distintas modalidades.

En 2015, 533 personas privadas de libertad trabajaban en las cárceles y, en diciembre de 2022, la cantidad registrada en trabajos formales fue de 3243.

Desde el año 2015, la provincia ha invertido en la construcción de 77.921 m2. de infraestructura penitenciaria.

Es importante destacar también, la baja notable en cuanto a conflictos carcelarios y crisis penitenciaria, no solo en lo que respecta al registro histórico de la provincia, sino en comparación con otras instituciones penitenciarias del país.

Este resultado ha sido motivo de visitas constantes a nuestra institución penitenciaria  por parte de servicios penitenciarios de otras provincias, que buscan capacitarse en materia de seguridad operativa e inteligencia, en la formación de futuros agentes y oficiales, en el aprendizaje en la aplicación de protocolos y reglamentos y en materia de trabajo y educación.