Los fondos que se obtengan se destinarán a la construcción y reparación de escuelas públicas, como prevé la Ley Provincial 9151, sancionada en 2019.
El 21 de diciembre, la lucha contra la corrupción tendrá en Mendoza uno de sus capítulos memorables, cuando tenga lugar la subasta pública del inmueble ubicado en calle Tirasso 4357, del distrito El Sauce, Guaymallén. La propiedad pertenecía al exintendente Luis Lobos, quien fue declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta.
La base de este acto, bajo la modalidad mixta de sobre cerrado con puja entre oferentes, se fijó en $127.750.000 y se realizará en la Oficina de Subastas Judiciales, Av. San Martín 322, PB, Ciudad de Mendoza.
“La extinción de dominio es una herramienta jurídica muy importante para combatir efectivamente la corrupción, para que los bienes mal habidos puedan volver a la ciudadanía, conforme la sentencia de un juez que así lo establezca”, afirmó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.
“Antes de esta ley, los corruptos seguían disfrutando de los bienes mal habidos porque el proceso penal con sus apelaciones podían durar años. Ahora, con la imputación de un delito de los llamados de corrupción, se le inicia un juicio civil en el cual deberá probar el origen lícito de los fondos con los que adquirió esos bienes. Si no puede hacerlo, se los quitan y el producido vuelve a la sociedad”, explicó el funcionario.
D’Agostino destacó que se trata de “la primera sentencia en cumplimiento de la única ley de extinción de dominio que está vigente en el país”, a la que se llega “luego de un proceso civil con todas las garantías para el demandado Lobos, tras el cual fue declarada la extinción de dominio sobre sus bienes en primera instancia, y después, confirmada por la Cámara Civil y luego por la Corte, organismo que declaró la constitucionalidad de la ley”.
La resolución de la magistrada Paz Gallardo establece que no se subastarán los bienes muebles -portones, bomba de agua y otros- que existen en la propiedad y que se entreguen a la Dirección General de Escuelas para distribuir entre establecimientos escolares que los necesiten.
“Contar con una ley de esta naturaleza es una decisión política y acá, en Mendoza, el actual gobernador electo, Alfredo Cornejo, fue quien tomó la decisión de avanzar con una lucha efectiva contra la corrupción. Si no hay decisión política, entonces este tipo de acciones solo quedan en declamaciones, frases y eslóganes, y esto que tenemos hoy es producto de gestión y convicción”, señaló el subsecretario de Justicia.
En esta misma sintonía, es importante destacar que, en la apertura del año judicial, el Gobernador Rodolfo Suarez anunció que se avanzará en el diseño de un proyecto de ley que cree la instrumentación de los juicios por jurados en el fuero civil, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y profundizar la lucha contra la corrupción.
