Una investigación por cohecho reveló que menores figuraban con el calendario completo en registros oficiales sin haber recibido dosis, mediante pagos y cargas falsas en el sistema sanitario. El detalle de la pesquisa fiscal y policial.
La maniobra empezó a desarmarse por un dato que no cerraba. En el Sur de Mendoza, médicos y autoridades sanitarias comenzaron a detectar chicos que, en los papeles, tenían el calendario de vacunación completo, pero en los hechos no habían recibido ninguna dosis. No era un caso aislado. Eran varios. Y todos compartían un mismo patrón: figuraban inmunizados en el Centro de Salud N° 22 de El Pastal, en Las Heras, a cientos de kilómetros de sus domicilios de San Rafael.
El caso revelado por El Sol estalló en las últimas horas y terminó con dos enfermeros separados mientras son investigados por el fiscal Juan Ticheli y por efectivos de la División Delitos Económicos de Investigaciones.
La sospecha tomó forma cuando se advirtió que muchos de esos menores pertenecían a familias identificadas como antivacunas. En algunos casos, incluso, los propios profesionales de la salud que atendían a esos niños sabían que no habían sido vacunados. Sin embargo, los sistemas oficiales -el registro provincial, el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria) y la aplicación Mendoza por Mí- mostraban otra cosa: esquemas completos, con fechas, lotes y cargas realizadas bajo usuarios habilitados.
El punto de quiebre fue un caso puntual. Un menor domiciliado en San Rafael aparecía con varias vacunas cargadas el 26 de marzo de este año en El Pastal: pentavalente, poliomielitis, neumococo y rotavirus.
La información estaba completa y validada en los sistemas. Pero, según la reconstrucción posterior, ninguna de esas dosis había sido aplicada. Para los investigadores, ese registro se convirtió en la puerta de entrada a una maniobra más amplia.
La denuncia formal se radicó hace pocos días, la semana pasada (el viernes), luego de una cadena de advertencias internas dentro del sistema sanitario.
Todo había comenzado días antes, cuando un pediatra sanrafaelino accedió a audios en los que se describía un mecanismo para “resolver” la vacunación sin pasar por el vacunatorio.
En esos mensajes aparecía una referencia concreta: el “Plan B”. La información llegó a la coordinación sanitaria y desde allí se activó una verificación interna.
Un enfermero que cumplía funciones en un programa oficial de vacunación de Las Heras, en el ámbito del Ministerio de Salud provincial, fue separado hoy de su cargo luego de ser acusado de llevar adelante un sistema de emisión de certificados…
El equipo que intervino empezó a cruzar datos. Lo primero fue revisar las cargas realizadas en el Centro de Salud de El Pastal, con foco en pacientes que no pertenecían a esa zona.
El resultado fue inmediato: aparecieron numerosos registros de menores con domicilio en San Rafael, Valle de Uco e incluso otros departamentos alejados, todos con esquemas cargados en ese mismo efector. La irregularidad no solo era geográfica. También era operativa.
Al profundizar el análisis, detectaron que muchas de esas supuestas vacunaciones no tenían correlato en la Historia Clínica Digital. Es decir, los pacientes figuraban como inmunizados, pero no existía registro de atención en el centro de salud donde se habría aplicado la dosis. En otros casos, las cargas se habían realizado fuera del horario laboral de los usuarios asignados a los enfermeros.
La intervención encubierta: “Plan B”
Con esos indicios, se avanzó un paso más: una intervención encubierta. Desde la coordinación sanitaria se adquirió un chip telefónico y, bajo una identidad falsa, se contactaron con el número que aparecía en los audios. El mensaje fue directo: “Plan B”. La respuesta no tardó.
Del otro lado, el enfermero explicó el procedimiento. Primero pedía los datos del menor. Después detallaba los costos: montos que, según la prueba incorporada, podían alcanzar los 270 mil pesos, más sumas adicionales por cada vacuna cargada.
Una vez realizado el pago, el circuito se completaba con la carga en los sistemas oficiales y la coordinación de un encuentro presencial -generalmente en estaciones de servicio o zonas céntricas del Gran Mendoza- para firmar la libreta sanitaria.
Toda esa conversación fue documentada y certificada por escribana. A esa prueba se sumaron audios aportados por el pediatra que había detectado la maniobra, capturas de pantalla, registros del sistema de inmunizaciones y planillas con detalles de pacientes, fechas, lotes y usuarios que realizaron las cargas.
Con ese volumen de evidencia, la fisclaía avanzó con la investigación penal. La División Delitos Económicos tomó intervención y comenzó a trabajar sobre la individualización de los sospechosos. El foco se centró en un enfermero del Centro de Salud N° 22 de El Pastal y en otra profesional del mismo efector, que también aparecía vinculada a algunas cargas.
Los pesquisas confirmaron domicilios, rutinas y lugares de trabajo. También identificaron el vehículo en el que se movilizaba uno de los sospechosos y verificaron el número telefónico utilizado para la operatoria.
Con esos datos, se solicitó una batería de allanamientos con un objetivo claro: secuestrar dispositivos electrónicos, documentación y cualquier elemento que permitiera reconstruir la maniobra.
Las medidas se ejecutaron este miércoles, en distintos puntos de Las Heras y Lavalle. Uno de los procedimientos se realizó en el propio Centro de Salud N° 22. El ingreso fue sin uso de la fuerza. Allí, los efectivos secuestraron sellos oficiales, un celular y documentación vinculada a la actividad sanitaria. Todo quedó registrado con cámaras corporales.
En paralelo, se allanó el domicilio del principal sospechoso. El resultado fue significativo: una computadora, dispositivos de almacenamiento, recetarios, certificados médicos y una caja con alrededor de 160 certificados de vacunación, algunos ya completados.
También se encontraron sellos de distintos profesionales y centros de salud, lo que para los investigadores abre la posibilidad de una operatoria más amplia.
El vehículo del enfermero también fue requisado. En su interior hallaron múltiples sellos -algunos con nombres de médicos-, certificados de vacunación, recetarios y documentación. En otro domicilio, vinculado a la segunda enfermera investigada, se incautaron teléfonos celulares, una CPU y recetarios con sellos médicos.
A pesar del resultado positivo de los procedimientos, no se dispusieron detenciones en esta etapa. La causa sigue en plena etapa investigativa. El análisis de los teléfonos y dispositivos secuestrados aparece como una pieza clave para determinar la cantidad de personas que accedieron al “Plan B”, el circuito del dinero y el grado de participación de cada uno de los involucrados.
La hipótesis fiscal es que no se trató de hechos aislados, sino de una práctica sostenida en el tiempo, al menos durante 2025 y este año. La causa está encuadrada hasta este jueves, como cohecho pasivo, aunque la prueba reunida también podría apuntar a posibles delitos de falsedad ideológica, inserción de datos falsos en registros públicos e incumplimiento de deberes de funcionario.
En el expediente se analiza un dato que sintetiza la gravedad del caso: los registros oficiales de vacunación, que son la base del control sanitario, habrían sido utilizados para simular coberturas inexistentes.
Para los pesquisas, no solo se trató de una maniobra ilegal para obtener dinero, sino de una alteración directa de información clave para la salud pública. Por lo que detallaron las fuentes a este diario, “la dimensión real del caso todavía está en proceso de reconstrucción”.
