El testigo, Matías Tabar, sostuvo que el vínculo se inició por recomendación dentro del barrio y que los pagos se realizaron “en negro”, sin emisión de comprobantes. Detalló que el desembolso se concretó en dos tramos: un anticipo de USD 55 mil hacia fines de 2024 y el resto durante 2025. Las obras, ejecutadas entre octubre de 2024 y julio de 2025, abarcaron una remodelación integral de la propiedad, incluyendo estructura, terminaciones, mobiliario y espacios exteriores.
La declaración fue incorporada a la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió además comprobantes de compras, registros fotográficos del antes y después de la obra y detalles pormenorizados de cada intervención. Durante la testimonial también estuvo presente la defensa del funcionario. En paralelo, el contratista afirmó que el jefe de Gabinete intentó contactarlo antes de su presentación judicial, con una oferta de “ayuda” que finalmente no prosperó.
El expediente suma además información sobre otros movimientos financieros del entorno familiar. A los USD 245 mil destinados a la refacción y los USD 13 mil en alquiler temporario dentro del mismo country, se agregan desembolsos recientes vinculados a operaciones inmobiliarias y cancelaciones parciales de deudas. En total, las erogaciones en propiedades superarían los USD 360 mil en el último período relevado.
El frente más delicado se concentra en los pasivos: la Justicia estima compromisos por USD 335 mil con vencimientos mayoritarios antes de noviembre. A esto se añaden gastos en viajes y estadías que superan los USD 25 mil en un conjunto limitado de traslados desde 2022. La acumulación de gastos, ingresos y deudas constituye el núcleo del análisis patrimonial que ahora deberá contrastarse con los ingresos declarados del funcionario.
