El Gobierno de Javier Milei envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes. El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente mediante un comunicado fechado este 17 de septiembre.
El proyecto busca reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011 y enfocada principalmente en las actividades hidrocarburíferas. Según informó el Ejecutivo, el nuevo régimen alcanzaría a la explotación de recursos naturales tanto renovables como no renovables y establecería sanciones para quienes participen directamente de esas actividades, además de sus accionistas y proveedores.
El texto prevé multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de prisión que, en determinados casos vinculados con hidrocarburos, podrían llegar hasta los 20 años.
La iniciativa también incorpora un segundo eje vinculado con la seguridad nacional. El Gobierno propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, bajo la conducción de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente e integrado por funcionarios de las áreas de Jefatura de Gabinete, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía e Inteligencia. El organismo tendría como objetivo coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, de inteligencia, jurídicas y de protección de infraestructura crítica.
Más sanciones por explotar recursos en Malvinas
De acuerdo con el texto difundido por el Ejecutivo, las actividades de aprovechamiento de recursos naturales realizadas sin autorización argentina quedarían alcanzadas por el nuevo régimen.
Para las empresas y personas involucradas se contemplan multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y períodos de inhabilitación de entre cinco y 20 años. En el caso de la exploración y explotación de recursos no renovables, las penas previstas llegarían de 12 a 20 años de prisión.
Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización, el proyecto establece penas de 15 a 20 años de prisión y multas que podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo. También incorpora sanciones para proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales para esas operaciones cuando conozcan el destino de esos recursos.
El Gobierno había anticipado este esquema a comienzos de septiembre, cuando Milei anunció por cadena nacional el envío de una iniciativa destinada a modificar el régimen vigente y extender las sanciones a otras actividades vinculadas con los recursos naturales. En los últimos días, además, la Cancillería había cuestionado una guía comercial publicada por el Reino Unido sobre actividades en las islas y había vinculado esa posición con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion.
Un nuevo esquema de seguridad nacional
El proyecto no se limita a las sanciones relacionadas con Malvinas. El Ejecutivo propone una arquitectura institucional que reúna bajo un mismo sistema las áreas de defensa, diplomacia, economía, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
El Consejo de Seguridad Nacional tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional y podría requerir información a organismos públicos y solicitar cooperación a provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto también contempla mecanismos para proteger infraestructuras consideradas esenciales para servicios públicos, salud, defensa, economía y funcionamiento del Estado.
Otro capítulo establece protocolos para responder ante aeronaves y embarcaciones consideradas irregulares u hostiles. El articulado contempla mecanismos de identificación e interceptación de aeronaves y, en el ámbito marítimo, una secuencia que incluye advertencias y otras medidas de coerción. El proyecto establece límites específicos para el empleo de la fuerza y contempla la intervención presidencial en determinadas situaciones.
La propuesta ingresará ahora en el Congreso, donde deberá atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. El Gobierno pidió a la dirigencia política dar prioridad al proyecto y, en el comunicado oficial, sostuvo que el objetivo es establecer un marco normativo integral para la defensa de la soberanía y fortalecer las capacidades institucionales del Estado frente a amenazas externas.
