La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael solicita la apertura de un firme debate político sobre el régimen de distribución de regalías en la Provincia de Mendoza, conforme a la necesidad de revisar el actual esquema de coparticipación establecido por la Ley N° 6.396 y sus modificatorias.
El sistema vigente presenta un marcado desequilibrio: de las regalías que la Provincia recibe de la Nación por la explotación de petróleo, gas, energía hidroeléctrica, uranio y otros recursos naturales, el 88 % queda en las arcas de la Provincia, mientras que solo el 12 % se distribuye entre los municipios donde se encuentran radicados tales recursos.
Esta situación impacta especialmente en los departamentos del sur mendocino, que son los que generan gran parte de estos recursos estratégicos, por lo que consideramos necesaria una revisión del esquema de liquidación y reparto de las regalías. En ese sentido, es necesario impulsar una modificación legislativa de la Ley N° 6.396 y del régimen de coparticipación, con el objetivo de incrementar la participación de los departamentos donde se encuentran los recursos naturales y establecer criterios de distribución más equitativos, vinculados a la localización de dichos recursos.
Asimismo, la CCIA solicita información y avances respecto del reclamo que la Provincia de Mendoza mantiene ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las regalías hidroeléctricas mal liquidadas correspondientes al complejo Los Nihuiles, situación que también impacta en la correcta distribución de estos recursos para la provincia y sus departamentos.
Desde la institución también destacamos que el sur provincial tendrá un rol clave en el futuro energético y productivo de Mendoza, particularmente ante el posible desarrollo de proyectos de media y mega minería, así como de nuevas inversiones vinculadas a los recursos naturales.
Para nuestra entidad resulta fundamental que los beneficios derivados de la explotación de recursos no renovables se traduzcan en desarrollo para las comunidades que los generan, a través de inversiones en infraestructura, educación, conectividad, servicios esenciales y desarrollo empresarial.
Finalmente, convocamos a los Estados provincial y municipal, especialmente a sus legisladores, a involucrarse en el debate y avanzar, mediante el diálogo institucional, en las modificaciones que permitan alcanzar un esquema de distribución más equilibrado para toda la provincia.
