Portezuelo del Viento es la mayor obra de ingeniería civil de la historia de Mendoza. Ubicada sobre el Río Grande, en el departamento de Malargüe, esta mega obra tiene capacidad para abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos.
Pese a todos los beneficios que traería una obra de esta envergadura a la provincia de Mendoza y en especial al sur de la provincia, la falta de resolución del Laudo Presidencial y la posibilidad de que se exija un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la cuenca, dejaría prácticamente anulada la posibilidad de avanzar en su concreción, sobre todo considerando las expresiones públicas del gobierno provincial de que, en este escenario, avanzaría con otras obras.
Ante esta situación de incertidumbre en cuanto al posible destino de los fondos, es la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael quien se manifiesta firmemente en que estos sean utilizados en compensación por los perjuicios que ocasionó la Promoción Industrial a la provincia, y especialmente al sur mendocino.
El Reclamo y la reparación
Mendoza inició un reclamo judicial que derivó en el acuerdo para la realización de Portezuelo del Viento. Esta fue la obra elegida por nuestra provincia para compensar el traslado de las empresas, la pérdida de empleos y el deterioro de su economía producto de casi cuatro décadas de Promoción Industrial, que suponía beneficios impositivos dispuestos por el Gobierno Nacional para La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis. A lo largo de esos años Mendoza quedó excluida de la posibilidad de desarrollo y crecimiento debido a que se alentó la competencia desigual entre provincias vecinas con similar matriz productiva, y sumió a la provincia a constantes esfuerzos para frenar el éxodo de industrias locales que se iban de Mendoza buscando mejores condiciones para sus negocios.
La reparación para la provincia fue contemplada en más de más de 1.000 millones de dólares, sin embargo existen cálculos que estiman que las pérdidas ocasionadas a la provincia de Mendoza ascienden por encima de los 72.000 millones de dólares[1], y el sur de la provincia la región más afectada.
La promoción industrial y sus efectos adversos en el sur provincial
Durante su implementación, el empleo industrial creció un 278% (7,5% promedio por año) y se crearon más de 47.000 mil nuevos puestos de trabajo en las provincias promocionadas. Mientras tanto, en nuestra provincia el empleo industrial creció apenas un 14% (menos de un 0,4% promedio por año). Hasta el año 2010 Mendoza había perdido $10.288 millones en términos de recursos fiscales.
La promoción industrial solo logró migración de recursos de una provincia a otra, empobreciendo a Mendoza y sin lograr el objetivo de fondo planteado desde la Nación: un crecimiento sostenido y equitativo en la región de Cuyo.
El Oasis sur de Mendoza fue sin dudas quien más sufrió los efectos devastadores de la promoción industrial en Mendoza. Se produjo un desarrollo profundamente asimétrico y macrocefálico en la Provincia. En este sentido, nuestra región sur pasó de representar más del 45% del producto bruto provincial a solo el 20 % en la actualidad. El desequilibro en relación a la escala de crecimiento del norte de Mendoza respecto a la economía del sur es muy evidente. Se acrecentó la pobreza de los distintos sectores productivos produciendo un lento y pausado despoblamiento de la zona rural, se produjo una cuenca diversificada en sus producciones, excesiva predominancia de los minifundios, décadas de movilidad social descendente, baja tecnificación, descapitalización, migración de trabajadores a provincias vecinas, entre otras consecuencias.
La necesidad del direccionamiento de los fondos hacia el sur provincial
En mayo de 2010 el Decreto 699/2010 ordenó extender la Promoción Industrial en las provincias vecinas a Mendoza. En virtud de ello la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael inició un Recurso de Amparo, con un pedido de medida cautelar para dejar sin efecto el Decreto. El proceso legal derivó en una presentación de un Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de la Nación. La entidad fue la única entidad gremial empresaria que arriesgando su patrimonio en defensa de los intereses de Mendoza realizó esta acción en toda la Provincia. En consecuencia, estas gestiones contribuyeron para que Mendoza obtenga los fondos en cuestión. Entendemos desde esta Institución, que estas acciones generan una legitimidad y reconocimiento del origen de los fondos a nuestro Departamento en particular y la Región Sur en general.
La necesidad de recursos hídricos, de conectividad y energía son elementos fundamentales para el crecimiento homogéneo y equitativo del territorio. Es decir, obras que impacten en forma directa en la economía de la región. Muchos proyectos que responden a esas premisas, y son de vital importancia para el desarrollo de la región, ya son impulsados y promovidos desde la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.
La situación actual exige que los fondos sean destinados a proyectos que fortalezcan y diversifiquen el sector productivo de San Rafael, General Alvear y Malargüe de manera sostenida en el tiempo, y puedan compensar las décadas de estancamiento económico producto de las políticas de Promoción Industrial.
