Se trata de un proyecto presentado por las concejal Pamela Torres en conjunto con los ediles que integran el "Frente de Todos".
La edil Pamela Torres junto a los concejales que integran el Frente de Todos: Paulo Campi, Pedro Serra, Ricardo Vergara, Mariana Abraham, Nadie Yasuff y Andrea Mattacota, ha presentado un proyecto de declaración en donde solicita que la Dirección de Fiscalización y Control, dependiente del Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de Mendoza y la Dirección de Defensa al Consumidor de la Provincia de Mendoza, informen sobre los controles realizados para el cumplimiento correspondiente por parte de las empresas adheridas al Programa Nacional “Precios Cuidados” en el Departamento de San Rafael.
En los fundamentos del proyecto, la concejal resalta distintos puntos:
•La Ley Nacional Nº 24.240, tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Considerando como consumidor a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Por lo tanto queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.
•El Artículo 3º de la Ley Nº 24.240 establece que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario y, en cada caso de duda sobre la interpretación de los principios de dicha ley, prevalecerá la más favorable al consumidor.
•Los consumidores y usuarios de bienes y servicios, según lo establece el Artículo Nº 42 de la Constitución Nacional, tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
Por otra parte, Torres, considera la actual situación económica con elementos e indicadores que tardarán tiempo en corregir, como por ejemplo inflación, desempleo y caída de la producción. "Tal situación ha obligado al Gobierno Nacional, a fijar medidas inmediatas a los efectos de palear la cuestión social – alimentaria", expone la edil.
Señala que en este contexto surgió la decisión de común acuerdo, controlar las disparidades de precios en los alimentos de primera necesidad, asignando mayores partidas presupuestarias a aquellos sectores sociales en situación de vulnerabilidad.
Además, que la implementación del programa “Precios Cuidados”, integrado por 308 productos, contempla una reducción promedio de precios del 8% y busca generar una referencia en el mercado al acceso de un conjunto de productos en la mesa de las argentinas y argentinos.
Indica que las empresas proveedoras han aceptado asumir las obligaciones emergentes del convenio para facilitar la concreción de las políticas y objetivos anunciados, pero que se ha notado en el departamento de San Rafael incumplimientos por parte de los comerciantes adheridos, donde solo hay exhibidos alrededor de 109 productos de la lista oficial, con un gran faltante de artículos esenciales incluidos en el programa. "Es necesario que las empresas adheridas al acuerdo cumplan lo pactado y si no es así, los organismos públicos intervinientes garanticen la sustentabilidad del acuerdo", manifiesta.
Por lo expuesto, la concejal solicita que se informe sobre los controles realizados para el cumplimiento correspondiente por parte de las empresas adheridas al Programa Nacional “Precios Cuidados” en el Departamento de San Rafael y que en caso de inexistencia en los controles correspondientes, se instrumenten las acciones correspondientes, en el marco de sus facultades, para efectivizar el cumplimiento del Programa.
