Desde San Rafael, la preocupación crece ante la posibilidad de cierre de las oficinas del Centro de Acceso a la Justicia, que desempeñan un papel fundamental en la asistencia a los ciudadanos en diferentes niveles municipal y provincial.
La concejal Pamela Torres, expresó su inquietud ante esta situación, señalando que el cierre de estas oficinas representaría un grave recorte en el acceso a la justicia para los vecinos de bajos recursos y alejados de la capital provincial “Sabemos que desde el gobierno nacional tiene una mirada política que no contribuye a la federalidad del estado, siendo esto una puerta de acceso a los vecinos de bajos recursos y alejados de la capital provincial. Es un grave recorte al acceso a la justica para los vecinos que a diario se acercan a este centro para sacarse las dudas o asesorarse en diferentes problemáticas”, remarcó la edil justicialista.
La falta de presencia del Estado en los territorios dificultaría el acompañamiento a muchos ciudadanos, quienes se verían imposibilitados de realizar consultas y recibir asesoramiento de forma gratuita una vez que cierren estas oficinas. En este sentido, el Concejo Deliberante de San Rafael manifiesta su preocupación por el inminente cierre del Centro de Acceso a la Justicia.
Por su parte, Danilo Pelayes, coordinador del centro, expresó su incertidumbre ante la falta de diálogo con el gobierno nacional y la posibilidad de cierre de 84 oficinas, entre las cuales desconocen si se incluirá la suya. Pelayes destacó la labor de los 4 profesionales que recorren el sur provincial, abarcando San Rafael, General Alvear y Malargüe, y resaltó la importancia de mantener estos servicios para garantizar el acceso a la justicia en la región.
La comunidad de San Rafael espera que se reconsideren estas medidas que afectarían directamente a los ciudadanos que dependen de este centro para resolver sus problemas legales y recibir orientación en temas judiciales.
